La vida como la conocemos no existiría sin el trabajo agrícola; de él depende nuestra alimentación y también la del ganado que consumimos. Además de la industria textil, la cervecera, la refresquera, la tabaquera y muchas otras.
Tanto la vida urbana, como rural que se sostiene de la agricultura de traspatio, necesitan manos que trabajen el campo, pero, al igual que en todas las actividades productivas, esas manos son, sobre todo, masculinas.
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En el ámbito rural, una gran parte de la producción agrícola se usa para el autoconsumo y se considera obligación de las mujeres ocuparse de ello, así como de las tareas del hogar, el cuidado de los huertos de traspatio y la venta de sus excedentes. Entonces, las amas de casa venden y
generan ingresos para sus familias, pero para ellas eso representa un trabajo no remunerado, pues todo el dinero se destina al hogar.
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Además, cuando los excedentes agrícolas empiezan a dejar utilidades considerables, las familias necesitan más manos que ayuden a trabajar y, lo más probable, es que las niñas dejen la escuela y los niños no.
Tanto en el medio rural como en una agricultura orientada a la comercialización, las mujeres han sido sistemáticamente discriminadas: tienen menor acceso a recursos económicos, créditos y préstamos. Además, las pocas propietarias de tierras son dueñas de predios más pequeños y suelos de menor calidad porque, históricamente, hay una preferencia a heredar tierras a los hijos hombres.
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Pero las consecuencias de la inequidad en el trabajo del campo van más allá del ya de por sí relevante enfoque de género: según la FAO, es indispensable que las mujeres tengan acceso a condiciones equitativas en el campo y las herramientas necesarias para trabajarlo para poder
alimentar a los más de 9 millones de personas que poblarán la tierra en el 2050.
Hoy, la participación de las mujeres es indispensable para subsanar problemas estructurales como la inseguridad alimentaria, la pobreza y la desnutrición. El campo necesita de todos y todas.
